El pasado viernes se presentó el nuevo Sello para la Economía Social en un acto organizado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este sello, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 20 de diciembre, quiere ser un punto de inflexión para poner en valor un modelo económico que pone a las personas, el bien común y la sostenibilidad en el centro y abrir, así, una nueva etapa de reconocimiento, rigor y confianza sobre la economía social.
El sello se concibe como un distintivo de calidad, destinado a identificar a las entidades que cumplen con los valores y principios de la economía social y que están inscritas en los correspondientes registros oficiales, tanto estatales como autonómicos una vez se suscriban los acuerdos pertinentes con las comunidades autónomas. Su diseño contempla un uso muy riguroso, con especial atención a evitar usos indebidos o oportunistas. Este enfoque responde a la necesidad de ofrecer claridad y confianza a la ciudadanía sobre qué tipo de empresas y organizaciones se identifican con este modelo.
Una economía que prioriza lo colectivo y la sostenibilidad
Durante su intervención, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, destacó que el sello simboliza un modelo económico que prioriza el beneficio colectivo frente al de unos pocos, y que incorpora un compromiso con la sostenibilidad medioambiental y social, la defensa de los derechos humanos y la igualdad. Este sello no es un mero símbolo: se trata de una herramienta para asegurar que los valores fundacionales de la economía social estén presentes en la praxis y perceptibles para la ciudadanía —un paso clave para acercar la economía social al público general, generando reconocimiento y legitimidad.
La ministra también puso el foco en uno de los retos más relevantes para el futuro: acercar a la juventud la economía social, no solo como una opción profesional, sino como una forma distinta de entender la economía y el progreso.
Por su parte, el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, puso el acento en la necesidad de mejorar la visibilidad de las entidades de economía social en un contexto marcado por la inmediatez y la creciente demanda de confianza por parte de la sociedad. Recordó el peso específico del sector en nuestra economía (con cerca de 4,3 millones de empresas, aproximadamente el 8 % del PIB y más de 2 millones de empleos), subrayando además su enorme diversidad.
Pedreño planteó una cuestión de fondo: qué tipo de economía y de empleo queremos, y para quién debe funcionar la economía. En este sentido, defendió que la economía social ofrece una respuesta clara, demostrando que el progreso solo es real cuando es compartido. Alertó también del riesgo del uso oportunista de los valores asociados a la economía social, insistiendo en que el sello debe servir para proteger su significado y exigir coherencia a las entidades que lo porten, independientemente de su tamaño o ubicación.
El sello se plantea asimismo como una herramienta útil para la compra pública responsable y para ofrecer a la ciudadanía confianza sobre los productos y servicios que consume, contribuyendo a la construcción de sociedades más justas y equitativas.
La jornada incluyó una mesa redonda moderada por la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, con representantes de distintas familias del sector: Amaya Delgado (directora de la COCETA, Confederación española de Cooperativas de Trabajo Asociado), Raquel Romero (coordinadora general de Laborpar, Federación española de sociedades laborales y empresas participadas), Serafín Pérez (presidente de Cítricos de Andarax, sociedad agraria de transformación) y Carlos Delgado (subdirector de la Confederación Española de Mutualidades). Sus intervenciones pusieron en evidencia cómo las organizaciones de economía social cuidan su entorno, redistribuyen recursos e integran a diferentes colectivos, contribuyendo a la cohesión territorial y a la construcción de sociedades más justas y equitativas.
Una oportunidad para reforzar la financiación alineada con el impacto
La puesta en marcha del Sello para la Economía Social abre una oportunidad relevante para clarificar el valor que importa y reforzar la conexión entre impacto social, actividad económica y financiación. Un distintivo público, riguroso y reconocible puede ayudar a reducir la asimetría de información, facilitar la identificación de proyectos con propósito y generar mayor confianza entre financiadores, administraciones y ciudadanía.
Desde la perspectiva de SpainNAB, la presentación del sello supone un avance positivo para hacer más visible y comprensible el valor diferencial de la economía social desde el punto de vista del impacto social y ambiental. La economía social comparte una base común con la financiación de impacto, al integrar objetivos sociales y ambientales junto con la sostenibilidad económica y contar con herramientas que aporten claridad y credibilidad resulta clave para canalizar este tipo de financiación de forma más eficaz. Con este mismo objetivo hemos promovido desde la Asociación el Código de Buenas Prácticas para la Inversión de Impacto.
En los últimos años se han desarrollado trabajos orientados a analizar cómo la financiación de impacto puede responder mejor a las necesidades de las entidades de economía social. En este contexto se sitúa el proyecto Impulsa Social, desarrollado junto con Fundación ONCE y la Universidad de Mondragón, que ha permitido identificar barreras y oportunidades y reforzar la conexión entre inversores de impacto y organizaciones con una misión clara.
Las conclusiones de estos trabajos muestran que la financiación de impacto puede complementar a los instrumentos tradicionales, canalizando recursos hacia iniciativas que generan valor social y ambiental sin renunciar a la viabilidad económica. En este sentido, el nuevo sello puede actuar como una palanca estructural, reforzando la confianza y contribuyendo a que el impacto positivo de la economía social se consolide y escale en beneficio de las personas y los territorios.
Más allá de la visibilidad, el reto está en que este reconocimiento se traduzca en confianza, coherencia y acceso a recursos, permitiendo que el impacto positivo de la economía social se consolide y escale en beneficio de las personas y los territorios.
