Del Relato a la Acción: reflexiones sobre las 100 medidas de RSE del Ministerio de Trabajo y Economía Social

El pasado 6 de mayo asistimos a la presentación del nuevo marco de 100 medidas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) impulsadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Un evento que, más allá de desglosar este paquete normativo de corto, medio y largo plazo, sirvió como un termómetro excelente para medir en qué punto se encuentra el ecosistema español frente a los inminentes retos de la sostenibilidad y el impacto social.

Si algo quedó claro durante la jornada es la necesidad de desterrar un falso mito: mayor regulación no equivale a menor competitividad. Al contrario, el avance hacia modelos de impacto es la base de la competitividad del futuro.

A continuación, desgranamos los debates más relevantes de la jornada y sus implicaciones para el sector de la inversión de impacto.

1. La urgencia de la CSDDD y la Debida Diligencia

Uno de los ejes centrales del evento fue la inminente transposición de la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD). El debate se centró en la necesidad de equilibrar la exigencia normativa con la viabilidad práctica.

El objetivo es claro: garantizar la reparación para las víctimas de malas prácticas corporativas sin caer en una burocracia paralizante. El enfoque no debe ser la mera imposición, sino el acompañamiento a las empresas en esta transición.

2. La voz de la Sociedad Civil: Luces y sombras en la cadena de valor

La mesa redonda con organizaciones de la sociedad civil aportó la visión más crítica y, a la vez, aterrizada de los retos actuales:

  • El riesgo del Greenwashing: Desde Greenpeace se alertó sobre prácticas de «lavado verde» en sectores como el de los biocombustibles, señalando los impactos indirectos como la deforestación o la gentrificación de tierras. Además, se puso el foco en el papel del sector financiero, demostrando cómo la financiación de ciertas operativas subraya la urgencia de una ley de diligencia debida estricta.
  • Derechos Humanos y Conflictos: Amnistía Internacional Action Aid recordaron que la diligencia debida debe operar también en zonas de conflicto, abordando las infraestructuras y operativas internacionales. Action Aid subrayó la importancia de aplicar una perspectiva de género a los conflictos, previniendo la explotación infantil y los sweatshops en la cadena de suministro.
  • Casos de éxito: Oxfam aportó la nota de optimismo destacando que la transición es posible. Expusieron el caso de empresas del sector de la alimentación que desde 2020 han implementado hojas de ruta a 4 años para evaluar su impacto, identificar riesgos no financieros e integrar cláusulas contractuales y mecanismos correctivos de transparencia. Un ejemplo inspirador son los 4 proyectos piloto en Huelva, donde diversas empresas del sector agrícola están pasando «voluntariamente del relato a la acción».

3. El papel crucial del Diálogo Social

La integración de la sostenibilidad no se entiende sin los interlocutores sociales. Las organizaciones sindicales y patronales dibujaron el mapa de ruta para la implementación de estas medidas en el tejido empresarial real:

Participación y beneficios: Desde los sindicatos (CCOO UGT), Raquel Boto y Andrés Herrero recalcaron que la Inversión Socialmente Responsable debe ir de la mano de la participación de los trabajadores y un reparto equitativo de los beneficios. Destacaron que ya existen cerca de 128 convenios colectivos que integran medidas de RSE, y solicitaron la simplificación normativa y la reactivación del CERSE (Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas).

El reto de las PYMES: La representación empresarial (CEOE y CEPYME), a través de Carmen Aparicio y Francisco Vidal, puso el foco en la realidad de la pequeña y mediana empresa. Con capacidad y tiempo limitados, las pymes necesitan medidas factibles, acompañamiento constante y estándares voluntarios adaptables. La sostenibilidad debe entenderse como una estrategia de diferenciación e innovación, no como un obstáculo burocrático.

Reflexión final para la inversión de impacto

Como bien concluyó Amparo Merino durante la jornada: «Las personas más alejadas de las decisiones son las que sufren las consecuencias».

Para la comunidad de SpainNab y todos los actores de la economía de impacto, este evento nos deja un mensaje fundamental. La información y las normativas están sobre la mesa, pero el verdadero desafío es la ejecución. Hay una voluntad real en el sector corporativo: muchas empresas ya quieren hacerlo y otras muchas ya lo están haciendo bien.

Nuestro papel como actores del ecosistema del impacto es precisamente tender ese puente: facilitar que el capital acompañe a las empresas, especialmente a las pymes, aportando no solo financiación, sino también el asesoramiento necesario para transformar el cumplimiento normativo en un impacto social y medioambiental real y medible.